El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunciará sobre la pérdida acumulada de poder adquisitivo que sufren los pensionistas españoles desde el año 2012 como consecuencia de la decisión de actualizar el importe anual de las pensiones en un porcentaje inferior al incremento del coste de la vida.
Esto supone una vulneración del deber «de elevar progresivamente el nivel del régimen general de la Seguridad Social» y no garantiza la exigida «suficiencia económica» a los pensionistas.
Referencia a datos hechos públicos por el sindicato UGT que señalan que los pensionistas españoles han perdido de media 670 euros al año en términos de capacidad adquisitiva durante el período comprendido entre el año 2010 y 2017.
Se invoca la vulneración del Convenio 102 de la OIT -firmado y ratificado por España omo, de forma más específica, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Código Europeo de Seguridad Social y la Carta Social Europea.
]]>
